En el marco de la visita de la Comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial de la Cámara de Senadores a nuestra ciudad, los senadores del Frente Amplio Óscar Andrade, Gustavo González, Aníbal Pereyra y Eduardo Antonini mantuvieron una reunión con representantes del Plenario Intersindical del PIT-CNT, cooperativas de vivienda y organizaciones sociales.
El encuentro, que tuvo lugar en el local de AEBU, sirvió para que los parlamentarios explicaran en detalle los alcances del proyecto de ley de “Inmuebles con deuda compensable y abreviación del trámite expropiatorio”, recientemente aprobado por la cámara alta.
Con esta actividad, los senadores cerraron una jornada de trabajo que incluyó también reuniones con el Intendente Guillermo Rodríguez y con ediles de todos los partidos en el Junta Departamental.
La visita a Colonia se enmarcó en la modalidad adoptada por la Comisión de sesionar en el interior del país, dialogando directamente con autoridades y actores sociales.
Con la del miércoles, la Comisión ha visitado ya 10 departamentos en el último año, tras haber estado en San José, Durazno, Flores, Río Negro, Soriano, Salto, Paysandú, Treinta y Tres y Lavalleja.
En cada oportunidad, se explican los detalles de la iniciativa legal, se responden consultas y se reciben las demandas locales sobre la problemática de la vivienda.
El senador Óscar Andrade, presidente de la Comisión, en su momento se refirió a la urgencia que busca atender el proyecto, citando datos del último Censo que indican la existencia de unos 97 mil padrones con viviendas abandonadas en Uruguay, frente a una demanda insatisfecha de decenas de miles de hogares.
“Es un lujo de la miseria tener 97 mil casas vacías cuando hay miles de uruguayas y uruguayos sin vivienda”, afirmó oportunamente el legislador.
Consultado sobre los objetivos de la normativa, el senador del Partido Comunista del Uruguay (PCU) explicó que buscaba “destrabar los obstáculos legales” que impiden la recuperación de inmuebles deshabitados.
“La norma tiene dos componentes centrales: la posibilidad de actuar por vía administrativa cuando hay riesgo edilicio o sanitario, sin tener que esperar una sentencia judicial, y que el proceso judicial pase de ordinario a extraordinario”, detalló, agregando que la iniciativa también pretende promover “una reforma urbana” que fomente la integración social en las ciudades.
