Una vez confirmada la instalación de una comisión bicameral que investigará el contrato firmado durante la administración anterior con el Astillero Cardama para la construcción de dos patrulleras oceánicas destinadas a la Armada Nacional, en diálogo con Matías Vardacosta y Mariana Margulis en el programa La Matina de Radio Viva 96.3 FM de Colonia, el senador Sebastián Sabini explicó por qué impulsó la iniciativa en la cámara alta y dio detalles de lo que se acordó entre los partidos para la creación de la comisión especial.
Usted impulsó inicialmente una preinvestigadora en el Senado, ¿qué cambió para que se optara por una comisión bicameral?
Sebastián Sabini: Luego de la interpelación del año pasado entendimos que había elementos que podían representar irregularidades muy graves. No hubo respuestas claras a cuestionamientos centrales, especialmente al entonces ministro García, que fue uno de los principales ejecutores del contrato. Por eso planteamos la necesidad de investigar. Después, legisladores de la oposición presentaron una investigadora en Diputados. Nos parecía absurdo tener dos comisiones paralelas investigando lo mismo. En aras de racionalidad política, acordamos conformar una sola comisión en la Asamblea General. Es una señal de madurez institucional y marca la importancia del tema.
¿Qué es lo que concretamente se va a investigar?
El proceso completo desde 2010 a la fecha. Originalmente nosotros habíamos planteado otro período, pero aceptamos incluir años previos si eso facilitaba el acuerdo. Lo sustantivo es analizar lo ocurrido con este contrato. Hay varios puntos graves. Por un lado, la aceptación de una primera garantía de fiel cumplimiento emitida por una empresa británica, EuroCommerce Bank, que luego resultó ser una empresa fantasma. Luego, una segunda garantía de reembolso por ocho millones de dólares que, cuando el Estado intentó ejecutarla, lo que había en el Ministerio era un contrato de términos y condiciones, no el seguro propiamente dicho. Y además, la aceptación de la llamada “cuaderna maestra” (los planos constructivos estructurales) antes de que el documento estuviera en el país, lo que habilitó un pago de casi diez millones de dólares. Sin garantías constituidas, el contrato no se podía ejecutar. Y, sin embargo, se ejecutaron pagos.
¿Cómo se explica que el Estado haya avanzado en pagos sin que existieran garantías válidas?
Cuando se hicieron los pagos, tanto el gobierno anterior como el actual entendían que las garantías estaban vigentes. El problema surge cuando Cardama no renueva la garantía y el Estado intenta ejecutarla. Allí se descubre que no era ejecutable. El contrato y el TOCAF establecen claramente que las garantías son parte constitutiva del contrato. Sin garantías no puede ejecutarse. Es como alquilar un auto sin dejar tarjeta de crédito como respaldo, pero acá hablamos de 90 millones de dólares.
Usted ha señalado que el procedimiento estuvo “plagado de irregularidades”, ¿a qué se refiere?
Las garantías debían presentarse a los 45 días y se presentaron 11 meses después. El contrato exigía garantías por 42 meses y se entregaron por 12. Había documentos apócrifos, sin traducción, sin apostilla, copias de otros documentos. Además, no existió un expediente único. Muchos actos administrativos se hicieron por correo electrónico, algo extremadamente irregular para una compra de esta magnitud. También hubo observaciones de auditorías internacionales, como Bureau Veritas, que señalaron riesgos estructurales, fallas constructivas y que el astillero no actuaba de buena fe ante los auditores.
¿Quiénes deberían comparecer ante la comisión?
La comisión estará integrada por 17 miembros, 9 del Frente Amplio y 8 de la oposición, y será presidida por la oposición. El Frente Amplio entiende que deben comparecer actores clave del proceso, incluyendo autoridades políticas y técnicas. Entre los nombres que se manejan están el excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, el contralmirante Gustavo Musso, el abogado José Miguel Delpiazzo, el exdirector de Recursos Financieros del MDN Damián Galo, y los exministros Javier García y Armando Castaingdebat. Todos quienes hayan tenido responsabilidades en decisiones clave deberán explicar por qué se tomaron determinadas medidas.
La oposición ha hablado de “cortina de humo”, ¿qué responde?
No es ninguna cortina de humo. La propia oposición presentó una comisión investigadora. Entonces primero deberían ponerse de acuerdo sobre si el tema es importante o no. Esto ya le costó al Estado 30 millones de dólares y podría haber costado 90 millones. El Parlamento tiene función de contralor. Investigar una compra directa de este monto, con estas irregularidades, es una obligación institucional.
¿Hubo negligencia o encubrimiento?
No me gusta prejuzgar, pero hay cosas inexplicables. ¿Cómo se acepta una garantía de una empresa que con una búsqueda básica se podía comprobar que no existía? Como mínimo, hubo negligencia. Además, el propio Mario Cardama declaró que presentó tres garantías y que el Ministerio eligió cuáles aceptar. Eso también es parte de lo que se debe dilucidar.
¿Existe riesgo de litigio internacional contra Uruguay?
El Estado uruguayo inició acciones judiciales por daños y perjuicios tanto en el plano nacional como en España. Este es un contrato de suministro, no de inversión. Hasta ahora no hay una demanda presentada por Cardama; quienes han anunciado juicios han sido dirigentes de la oposición. El Estado actuó dentro de su derecho al rescindir el contrato por incumplimiento de garantías.
¿Por qué es tan relevante el tema de la “cuaderna maestra”?
Porque se aceptó el 27 de febrero, pero el documento llegó al país el 5 de marzo. Esa aceptación habilitó el segundo pago, cercano a los diez millones de dólares. El esquema contractual funcionaba por hitos. Pero esos hitos no necesariamente reflejaban avance real de obra, sino cumplimiento formal de etapas. Eso generó un mecanismo donde se podía cobrar por partes sin un proceso constructivo integral. Alguien tiene que explicar por qué se aceptó un plano que no se había visto.
¿Cómo funcionará la comisión?
Tendrá un plazo de seis meses y sesionará periódicamente, probablemente los lunes. Recibirá delegaciones, analizará informes jurídicos, contables y técnicos, incluidos reportes desde España y auditorías administrativas. El Parlamento no es un juzgado, determinará responsabilidades políticas. Si hubiera responsabilidades penales, corresponderá a la Justicia actuar.
Contexto político
La comisión bicameral constituye un hecho inédito, ya que el reglamento de la Asamblea General no prevé explícitamente comisiones investigadoras, por lo que funcionará como comisión especial con fines de investigación.
Para el senador Sebastián Sabini, el acuerdo entre oficialismo y oposición “marca la importancia del tema” y evita una señal de fragmentación institucional.
“Hubiera sido bochornoso que el sistema político no pudiera ponerse de acuerdo para investigar algo que todos entendemos que hay que investigar”, concluyó el legislador frenteamplista.
Mariana Margulis para Colonia Multimedia – marianmargulis@gmail.com
Foto de archivo Colonia Multimedia.
