La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de ley sobre la reforma de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).
Si bien el proyecto pasó al Senado, queda pendiente todavía ver quiénes afrontarán el mayor peso en el salvataje financiero de la institución.
La falta de mayorías implicó que quedara por el camino buena parte de la estructura de financiamiento que impulsaba el gobierno.
Blancos, colorados e independientes lograron que prosperara un artículo que incluye un aporte del Estado de poco más de U$S 5 millones mensuales para este ejercicio y, a partir del 1 de enero de 2026, del equivalente a lo recaudado por el IASS entre los pasivos de la Caja, cifra que se calcula asciende a unos U$S 39 millones anuales. El gobierno preveía un aporte estatal menor.
Este artículo salió adelante gracias a que Cabildo Abierto no votó el proyecto y al retiro de sala de los dos diputados de Identidad Soberana, Gustavo y Nicole Salle.
Para la diputada del Frente Amplio por el departamento de Colonia, Cecilia Badín, “el Frente Amplio ha impulsado una solución que busca equilibrio, equidad y sostenibilidad a largo plazo”.
“Es un primer paso para salvar la Caja y dar garantías a quienes hoy aportan y a quienes ya están jubilados”, afirmó tras la votación.
Sin embargo, la legisladora coloniense cuestionó que algunos sectores pretendan evitar el ajuste en las contribuciones, cargando toda la solución sobre el Estado.
“No es justo ni coherente eximir de toda responsabilidad a quienes integran el sistema, mientras se exige al Estado que cubra los déficits. La solidaridad y la justicia distributiva deben guiar esta reforma”, señaló.
Badín resaltó que se alcanzó un acuerdo mínimo para continuar la negociación en el Senado, e hizo hincapié en que la propuesta del oficialismo contempla un aumento del aporte estatal y una modificación en el sistema de cálculo de los timbres profesionales, sin recurrir al endeudamiento masivo que propone la oposición.
“Recurrir a un endeudamiento de 300 millones de dólares, como plantea la oposición, no solo compromete la sustentabilidad del sistema, sino que traslada el problema a las generaciones futuras”, advirtió.
“El Frente Amplio seguirá trabajando en el Senado para que esta ley sea mejorada y garantice la viabilidad de la Caja con criterios de justicia social y responsabilidad fiscal”, concluyó la legisladora.
