Tal como lo habíamos anunciado, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, sesionando de manera conjunta con la de Senadores, recibió este miércoles al ministro de Economía y Finanzas (MEF), Gabriel Oddone, para la presentación de lo que el equipo económico considera es el “punto de partida” de las cuentas públicas, apuntando a lo que será la discusión en el Parlamento del próximo presupuesto quinquenal.
Durante su comparecencia, Oddone se refirió al déficit fiscal actual, al que situó en el 4,8% del PBI, considerando los números de diciembre de 2024 (4,3%), más los 970 millones de dólares (0,5%) de egresos adicionales comprometidos para el 2025.
Según el ministro, “si uno toma el déficit fiscal del Sector Público Consolidado, el cierre de 2024 es el déficit más alto desde los años ’90”.
“En 35 años nunca hubo un resultado fiscal del sector público consolidado más alto que este”, agregó.
Sin embargo, el economista ratificó que el país tiene “una economía sólida en términos de su nivel de crecimiento, de empleo y de inflación, que ha estado descendiendo; pero tenemos una situación fiscal con una serie de desafíos que, si no se atacan, tarde o temprano terminan siendo un problema económico”.
El jerarca descartó riesgos financieros al afirmar que en Uruguay “no hay ninguna bomba” para desactivar, dato que, según él, es constatable por la estabilidad de su calificación crediticia.
El ministro subrayó sí que el país necesita duplicar su tasa de crecimiento, para lo que la tasa de inversión debería aumentar del 16% de PBI actual al 20%, lo que significaría destinar aproximadamente 4.000 millones de dólares por año desde el sector público y otros 12.000 millones por parte del sector privado.
Para lograr el objetivo de aumentar los niveles de inversión, se han definido dos pilares fundamentales: fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la competitividad.
Durante su comparecencia, Oddone recordó los compromisos del gobierno nacional en favor del fortalecimiento de la regla fiscal, la reducción de la inflación por debajo del 4,5% anual, la creación de una unidad especializada en inversiones, el fortalecimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia y el fomento de la competitividad mediante la revisión de reglamentaciones.
En cuanto a las prioridades en la asignación de recursos, se destacó el fortalecimiento de la matriz de protección social, con foco en la infancia, y la mejora de la convivencia y la seguridad pública.
