El presidente de la República, Yamandú Orsi, aseguró que la utilización de vehículos blindados del Ejército como apoyo en operativos policiales es una decisión firme, que “está tomada”, pese a las críticas surgidas desde distintos sectores, incluso dentro de su propio gabinete.
En una rueda de prensa realizada en Treinta y Tres, el mandatario sostuvo que el Estado no puede escatimar recursos ante el avance del crimen organizado.
La medida será analizada en el Consejo de Ministros de este viernes, donde se abordarán los aspectos jurídicos pendientes para su implementación.
“Acá no es un tema de imagen; acá es un tema de acción, acá hay que resolver. Lo que cada uno piense lo profundizaremos en el próximo gabinete”, afirmó Orsi, en alusión a las declaraciones del ministro de Trabajo, Juan Castillo, quien había manifestado su preocupación por el impacto simbólico de “que las calles estén patrulladas por camiones o camionetas del Ejército”.
Para Orsi la situación es clara, “la gente precisa que se le resuelva el derecho a la seguridad y ahí no podemos escatimar ningún esfuerzo. Todos los recursos que tengamos serán puestos para que la gente mejore, no es un tema de imagen ni de sensación, sino que podamos resolver un problema que ya es internacional. El crimen organizado se viene con todo y no nos podemos detener”.
Detalles de la medida y debates
Según se informó, serán un total de doce vehículos blindados (probablemente los Mamba MK7 donados por Estados Unidos) los que estarán bajo el mando de la Policía Nacional, aunque aún restan definiciones legales, entre ellas la autorización del gobierno estadounidense para modificar el destino de uso de los vehículos, originalmente donados para misiones de paz de la ONU.
La medida, de la que todavía no se conocen todos los detalles, fue comentada por el ministro del Interior, Carlos Negro, en su última visita al Parlamento, en la Comisión Especial de Seguridad y Convivencia de la Cámara de Diputados.
Negro confirmó entonces que su cartera trabajaba en un convenio con el Ministerio de Defensa para que dichos blindados comiencen a realizar tareas de patrullaje. Según explicó el jerarca, serán un total de doce vehículos que estarán bajo el mando de la Policía Nacional.
El tema generó repercusiones dentro y fuera del oficialismo
El exministro del Interior durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, Nicolás Martinelli, sostuvo que la decisión responde al “fracaso de la gestión” de Carlos Negro y advirtió que la medida no funcionará por sí sola.
Por su parte, el senador del Partido Colorado Andrés Ojeda respaldó la iniciativa pero la calificó como un “giro de 180 grados” en la política de seguridad del gobierno, y presentó un pedido de informes sobre objetivos, costos y protocolos de actuación.
El senador nacionalista Javier García, en tanto, cuestionó la falta de un marco legal que proteja a los soldados y advirtió sobre posibles roces en la cadena de mando.
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