La Fiscalía Letrada Departamental de Rosario, representada por su fiscal titular Hugo Pereira, obtuvo la condena mediante juicio oral, de un hombre como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violación, reiterados delitos de atentado violento al pudor, reiterados delitos de abuso sexual agravados y reiterados delitos de violencia doméstica agravada, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí, imponiéndole la pena de 12 años de penitenciaría.
La investigación se inició a partir de una denuncia radicada en el año 2021, luego de que tres hermanas, quienes al momento de los hechos eran niñas y adolescentes, relataran a personas de su entorno haber sido víctimas de abuso sexual por parte de la pareja de su madre, con quien convivían.
De acuerdo con lo probado en el juicio, los hechos se desarrollaron durante años, en distintos domicilios en los que residía el grupo familiar, y consistieron en tocamientos de las partes íntimas de las víctimas, actos de exhibicionismo y de espionaje mientras se bañaban, así como episodios de violación respecto de una de ellas.
Asimismo, se acreditó que el imputado ejercía violencia física sobre las víctimas y las sometía a amenazas para evitar que relataran lo sucedido, advirtiéndoles que, al tener él la tenencia legal, podía hacer que fueran reingresadas a un centro de protección del INAU.
En su fallo, la jueza otorgó especial valor probatorio al relato de las víctimas, en tanto principal indicador en este tipo de delitos, el cual se vio reforzado por el análisis técnico de los peritos psicólogos y psiquiatras actuantes, quienes concluyeron que los relatos resultaban veraces, coherentes y compatibles con una vivencia real, presentando además indicadores propios de las dinámicas de abuso sexual sostenidas en el tiempo.
La sentencia hace referencia expresa a los estándares nacionales e internacionales aplicables en materia de violencia basada en género, en cuanto a la valoración de la prueba en este tipo de procesos, señalando que los delitos contra la libertad sexual suelen cometerse en ámbitos de privacidad que dificultan la existencia de prueba directa distinta al relato de la víctima, sin que ello implique una disminución de las exigencias probatorias.
Además se le impuso al condenado la suspensión del ejercicio de la patria potestad o guarda y su inhabilitación por diez años para el ejercicio de funciones públicas o privadas en las áreas de la salud y la educación, o cualquier otra que implique trato con niños, niñas, adolescentes o personas mayores en situación de dependencia; una reparación patrimonial a favor de las víctimas equivalente a 12 salarios mínimos nacionales y la inscripción en el Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales.
