El edil Emmanuel Martínez Sena (Frente Amplio) cuestionó la decisión de la Junta Departamental de derogar la normativa que regulaba la actividad de los cuidacoches, aprobada con los 19 votos del Partido Nacional, y advirtió sobre las consecuencias sociales y jurídicas de la medida.
En diálogo con Matías Vardacosta y Mariana Margulis en el programa La Matina de Radio Viva 96.3 FM de Colonia, Martínez defendió la necesidad de actualizar la norma vigente desde 2004 en lugar de eliminarla y sostuvo que la derogación genera un vacío que puede derivar en mayor conflictividad de una actividad que antes contaba con un marco regulatorio departamental.
“No estaban dadas las condiciones para eliminar la normativa”
El edil recordó que la iniciativa fue planteada originalmente por el edil Julio Basanta (Partido Nacional) en el período de transición entre gobiernos, y que en aquella instancia la votación culminó 14 a 14, por lo que no prosperó. En la nueva legislatura, con la composición actual, la derogación fue finalmente aprobada.
“Nosotros entendimos que la norma podía y debía actualizarse, pero no eliminarse. Las normas no son inmutables, pueden revisarse. Pero eliminarla directamente podía complicar la situación diaria de las personas que ejercen esa actividad”, expresó Martínez.
Falta de control y desactualización de registros
Durante el tratamiento en comisión, se convocó a autoridades de la Dirección de Tránsito y del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) para evaluar la situación.
Según Martínez, surgieron elementos que evidenciaban la falta de información actualizada sobre los permisos otorgados.
“Había unos 40 permisos registrados, pero no se sabía cuántas personas estaban efectivamente trabajando. Cuando convocamos al MIDES y al área social, nos informaron que en realidad eran unas 20 personas activas y que 15 de las que figuraban en el registro habían fallecido. Imagínese el nivel de desactualización”, señaló.
Para el edil, antes de eliminar la normativa debía realizarse un trabajo interinstitucional que permitiera acompañar a estas personas y generar alternativas de inserción.
Vacío regulatorio y rol de la Policía
Uno de los puntos centrales del debate es la interpretación jurídica tras la derogación. Algunos ediles del oficialismo sostuvieron que la actividad de cuidacoches encuadra en la figura de mendicidad activa prevista en el Código Penal.
“Entonces no es correcto decir que ‘no se está prohibiendo’. Si se sostiene que contradice el Código Penal, el efecto práctico es que se habilita su penalización”, advirtió Martínez.
El edil también cuestionó la confusión generada en torno al rol de la Policía, que ahora queda a cargo del control de la actividad.
“La Policía depende del Ministerio del Interior, no de la Intendencia. Ahora se traslada el control a la Policía y a la Fiscalía. Pero su función es perseguir delitos o faltas, no regular una actividad social que antes tenía un marco departamental”, explicó.
“Si había problemas, había que corregirlos”
Martínez sostuvo que el error fue optar por la supresión en lugar del fortalecimiento del control. Recordó que la normativa establecía requisitos como certificado de buena conducta, ausencia de antecedentes penales y asignación de una cuadra específica para evitar disputas entre trabajadores.
“Si había personas que generaban conflictos o situaciones indebidas, se recibían las denuncias y se actuaba sobre esos casos. No se elimina toda la regulación por fallas en el contralor. Si falló el control, lo que corresponde es mejorar el control, no eliminar la herramienta”, afirmó.
El componente social del problema
Para el edil frenteamplista, el debate trasciende lo administrativo y debe analizarse desde una perspectiva social, considerando que están involucradas unas 20 personas con permiso y posiblemente otras 20 o 30 vinculadas indirectamente.
“Algunos cuidacoches declararon obtener alrededor de 300 pesos diarios. ¿Alguien cree que una persona está todo el día en la calle por gusto para juntar 300 pesos? Esto es necesidad. Antes de prohibir o eliminar una actividad así, hay que acompañar y generar alternativas reales de reinserción”, expresó.
Martínez advirtió además que, en un contexto de aumento del desempleo en el departamento, eliminar este tipo de actividades puede empujar a las personas hacia situaciones aún más complejas.
Un debate que sigue abierto
Consultado sobre los pasos a seguir, el edil adelantó que su bancada insistirá en volver a discutir el tema en la Junta Departamental.
“Vamos a proponer que se retome la discusión en la próxima sesión. Sabemos que las posibilidades son pocas, pero siempre es válido reflexionar. Si había problemas, busquemos soluciones. No se trata de hacer desaparecer el problema por decreto”, concluyó.
Mientras el oficialismo sostiene que la medida evita eventuales riesgos jurídicos para la Intendencia, el Frente Amplio advierte que la decisión puede trasladar el problema al ámbito penal y profundizar la exclusión. El tema promete continuar en agenda en las próximas sesiones del deliberativo comunal.
Mariana Margulis para Colonia Multimedia – marianmargulis@gmail.com
