La Cámara de Senadores, por unanimidad, y la Cámara de Diputados, por amplia mayoría, aprobaron sendas mociones de condena al atentado que sufrió en su domicilio la Fiscal de Corte Mónica Ferrero.
Los tres partidos políticos con representación en la cámara alta expresaron su respaldo a la magistrada y reclamaron esclarecer los hechos para identificar a los responsables materiales e intelectuales.
La declaración, que se votó como asunto político, en su primer punto expresa su condena absoluta ante este atentado que fue dirigido contra quien representa e integra la autoridad máxima de uno de los pilares del sistema de justicia uruguayo, como es la Fiscalía de Corte, y por ende de nuestro sistema republicano; en el segundo punto, expresa la solidaridad del cuerpo con ella y su familia; y el en punto tres, se asegura que “las autoridades competentes cuentan con nuestro apoyo en su actuación para el esclarecimiento de los hechos y esperamos que, con la máxima celeridad, se encuentren y pongan a disposición de la Justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado”.
Durante el debate previo a la resolución, el nacionalista Javier García calificó el ataque como “un golpe a la democracia” y definió a Ferrero como “la dama de hierro contra el narcotráfico”.
Desde el Frente Amplio, el senador Eduardo Brenta manifestó “el más absoluto respaldo” a la Fiscal y al titular del Ministerio del Interior, Carlos Negro, asegurando que el narcotráfico “no va a pasar” en Uruguay.
Por su parte, el colorado Andrés Ojeda advirtió que el episodio “cambia las reglas de juego” y lo tildó de “narcoterrorismo”, al tiempo que reclamó dar con quien ordenó el ataque y no solo con los ejecutores.
En la misma línea, la Cámara de Diputados aprobó, con 71 votos afirmativos sobre 74 legisladores presentes, una declaración de “solidaridad” con la Fiscal de Corte, Mónica Ferrero, y de “enérgica condena” al atentado que sufrió en su casa el pasado domingo 28 de setiembre. Los únicos diputados que votaron en contra fueron los de Cabildo Abierto e Identidad Soberana.
El pronunciamiento señala que el ataque constituye una “agresión al Estado de derecho y a la independencia de la Justicia” y reafirma la necesidad de defender la legalidad democrática, la seguridad ciudadana y la unidad política frente al crimen organizado.
