Con fecha 31 de enero de 2024, el Poder Ejecutivo firmó un decreto por el que se resuelve fijar “un Precio por Servicio de Seguridad de U$S 2,10 más IVA, que deberá ser abonado por todo pasajero que ingrese y/o salga vía marítima o fluvial de la República Oriental del Uruguay, utilizando los servicios de una empresa comercial de transporte internacional autorizada”.
El decreto establece que “las empresas de transporte marítimo o fluvial internacional de pasajeros” serán las encargadas de cobrar dicho precio y “serán agentes de retención de los importes respectivos”.
Este nuevo precio, tasa, impuesto, se instala, según los considerados del proyecto de decreto que se terminó firmando y autorizando, en “la necesidad de instalar un sistema moderno de control fronterizo para pasajeros que ingresan y egresan del país, así como de análisis de perfiles de riesgo”.
Para ello, “se promovió el llamado a Licitación Pública N° 19/2022 para la contratación de una Solución llave en mano para la instalación y mantenimiento de un sistema de control fronterizo”.
En virtud de ello, y preocupados por el impacto negativo que la aplicación del precio pudiera tener para el flujo turístico, la Asociación Turística Departamental elevó una nota a los ministerios del Interior, de Economía y Finanzas, de Transporte y Obras Públicas, a Presidencia de la República y al Intendente Carlos Moreira, en la que dicen que la medida es inoportuna y piden sea revisada y analizada nuevamente.
