El presidente de la República, Yamandú Orsi, anunció el inicio de las acciones necesarias para la rescisión del contrato con el astillero español Cardama para la compra de dos patrullas oceánicas, tras detectarse “fuertes indicios de fraude o estafa contra el Estado uruguayo”.
La medida fue comunicada en conferencia de prensa en la Torre Ejecutiva, acompañado por la vicepresidenta Carolina Cosse, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y los secretarios de Presidencia, Alejandro Sánchez y Jorge Díaz.
La decisión se fundamenta en una verificación realizada esta semana, cuando el embajador uruguayo en Reino Unido acudió a las oficinas de la empresa garante, Eurocommerce, y descubrió que en esa dirección no funcionaba dicha compañía, sino una inmobiliaria propiedad de un ciudadano ruso residente en su país.
Acciones judiciales y resguardo de fondos
“Decidí iniciar acciones para rescindir el contrato por la compra de las dos patrullas oceánicas”, declaró el mandatario, agregando que firmó una resolución para ejecutar la garantía de fiel cumplimiento ante su vencimiento.
Orsi instruirá la presentación de acciones administrativas, civiles y penales para resguardar los recursos del Estado.
Alejandro Sánchez ratificó este camino, expresando la “preocupación” del gobierno y la decisión de “esclarecer estos hechos, que son muy graves”, tanto en la órbita administrativa como judicial.
“Hechos muy graves” y posible “complicidad” de funcionarios
Precisamente, el secretario de la Presidencia aportó detalles que profundizaron en la gravedad del caso.
Sánchez reveló que el Estado ya realizó tres transferencias al astillero por un total de 30 millones de dólares y criticó a la administración anterior por no tomar “los recaudos necesarios”.
“Si en tres días se ha logrado recabar toda esta información, resulta evidente que estamos frente a una situación muy grave”, afirmó Sánchez, y adelantó que se investigará en profundidad “para ver si de esta maniobra aparentemente fraudulenta hay complicidad por parte de funcionarios públicos que actuaron y no resguardaron la defensa del Estado”.
Además, cuestionó la solvencia del astillero desde el inicio, señalando que la empresa, que se había comprometido a construir una embarcación en 18 meses, “le llevó 11 meses constituir sus garantías de fiel cumplimiento”.
“Ese es el problema al que nos enfrentamos”, dijo el Secretario de la Presidencia.
