En un dictamen de 88 páginas, el Fiscal de Delitos Económicos Alejandro Machado, consideró que los elementos de la “profusa evidencia” recolectada “no permiten sustentar” que los funcionarios a cargo de la obra “hayan incurrido en conductas merecedoras de reproche penal”.
Respecto a que la gestión de Antel de la época hubiera violado “el principio de especialidad” que se establece en la Constitución de la República, el Fiscal Machado establece que “jurídicamente es una cuestión absolutamente opinable determinar si Antel se encontraba habilitada para abocarse a la construcción del citado complejo multifuncional en el marco de un proyecto de marketing y publicidad, pero es precisamente por ello, que debe descartarse la arbitrariedad que reclama el artículo 162 del Código Penal”, el que tipifica abuso de funciones.
Sobre el abultado costo final de la obra, que los denunciantes estimaron en 119 millones de dólares y no en los 40 anunciados inicialmente, el fiscal plantea que “el único informe oficial es el elaborado por el Tribunal de Cuentas con fecha 6 de marzo de 2019”, que concluye que “lo gastado por Antel en el proceso de construcción y puesta en marcha del Antel Arena asciende a la suma de US$ 85.995.517”, y además aclara que “en el Plan de Negocios del Antel Arena ya se manejaban tres escenarios posibles en cuanto a la inversión, a saber: primer escenario una inversión de US$ 51 millones más tributos; segundo escenario una inversión de US$ 59 millones más tributos; y tercer escenario una inversión de US$ 66 millones más los tributos correspondientes”.
Machado también cuestionó a la Junta de Transparencia y Ética Pública, que en setiembre de 2021 aseguró que en el proceso se habían violentando los principios de transparencia, eficiencia y legalidad. Ese informe, decía la propia Jutep, se había hecho a partir de un informe de una empresa externa presentada por el directorio de Antel durante el actual período, algo que fue duramente cuestionado por Machado.
El fiscal concluyó: “la propia Jutep admite en su resolución que toma como único insumo el informe confeccionado por una empresa externa y por tanto reconoce sin hesitaciones las debilidades que puede presentar su dictamen”. Machado consideró que, de acuerdo a eso, la citada resolución de la junta carece de la rigurosidad jurídica requerida en esta instancia”.