Como lo informáramos oportunamente, con fecha 31 de enero de 2024, el Poder Ejecutivo firmó un decreto por el que se resuelve fijar “un Precio por Servicio de Seguridad de U$S 2,10 más IVA, que deberá ser abonado por todo pasajero que ingrese y/o salga vía marítima o fluvial de la República Oriental del Uruguay, utilizando los servicios de una empresa comercial de transporte internacional autorizada”.
“Hoy puedo retirarme diciendo que el turismo en el Uruguay está recuperado”
En entrevista concedida a Radio Viva 96.3 FM de Colonia, el ministro de Turismo Tabaré Viera recordó que “es un tema que ya se había planteado antes, en algún momento” y sobre el cual “ya nos habíamos expresado”.
Para el ministro, en un momento “en que estamos promoviendo al sector a través de rebajas impositivas”, donde el gobierno ha dado y ha cedido a planteos de los operadores, “a los que hemos apoyado y por los que hemos luchado”, con la exoneración del IVA en hotelería, gastronomía y alquiler de vehículos, una “serie de beneficios que son resignación fiscal, resignaciones muy importantes”, el mensaje es por lo menos “contradictorio”.
Por su parte, para la Asociación Turística Departamental, el impacto de la aplicación del precio por servicio de seguridad será negativo para Colonia porque “es donde más impacta el costo del pasaje: nuestro destino es el destino de menor permanencia en horas de un turista en Uruguay y tenemos una cantidad de visitantes en el día muy grande”, explicaba el presidente del conglomerado del sector, Andrés Castellano, en diálogo con Matías Vardacosta y Mariana Margulis también en el programa La Matina.
Castellano confirmó además que las empresas Buquebus y Colonia Express le anunciaron que recurrirán la medida decretada por el gobierno y “van a presentar sus descargos judiciales al no considerar esto como parte de un acuerdo”.
Ahora, expertos en la materia, cuestionan la decisión del Poder Ejecutivo. En declaraciones al diario El País, el Dr. Leonardo Costa, abogado especializado en derecho tributario, dijo que para él no se trata de un “precio” como dice la resolución del gobierno, sino de un impuesto, por lo que debería haberse hecho mediante una ley y no a través de un decreto.
Según el especialista, los “precios, en general, tienen una contrapartida en unidades de uso o consumo”, donde se puede “cuantificar la mejora”, y en este cobro de “control migratorio” no hay “ninguna ventaja o provecho” para el usuario. Para Costa, el desembolso que se deberá hacer al cruzar la frontera “se parece mucho más a un impuesto donde el Estado exige pagar para una actividad como el control migratorio”.
Por su parte, para el Contador Gustavo Viñales, se trata de un “tributo, por tanto ilegal, pues lo hacen por decreto reglamentario”. Viñales aseguró que “esto es ilegal, es claramente una tasa o un impuesto (si no guardara relación con el costo)”.