La Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU) manifestó su “total desacuerdo” ante la resolución Nº 1464/25 emitida por OSE el pasado 31 de diciembre, que establece un incremento del 8,5% en la tarifa de agua potable y saneamiento y fija un costo de una Unidad Reajustable (UR) (equivalente a $1.847,96) para la expedición de los certificados de saneamiento y libre de deuda, algo que consideran “es un costo injustificado que impacta directamente en las familias”.
En diálogo con nuestro medio, la Escribana Mariana Ulery, vicepresidenta de la AEU, explicó que ambos certificados son indispensables para concretar operaciones inmobiliarias, y que hasta diciembre de 2025 se obtenían de forma gratuita.
“A partir de enero, estos certificados pasan a tener un costo de una UR cada uno, lo que significa unos 4.000 pesos adicionales para las familias que están por acceder a una vivienda”, detalló Ulery.
La dirigente gremial advirtió que esta medida afecta directamente a todas las familias, en especial a las más vulnerables, ya que el gasto se suma a los múltiples costos asociados a la compra-venta de inmuebles.
“Ya existe una carga económica importante para acceder a una vivienda, y esto se suma de forma desproporcionada”, señaló.
“No somos los escribanos quienes vamos a asumir ese costo, sino las familias”, agregó la profesional.
Según explicó, la Asociación no fue informada previamente sobre la decisión de OSE, “nosotros nos enteramos recién el 7 de enero, cuando enviamos la nota al organismo. OSE no dio ninguna información a la Asociación de Escribanos”, aseguró.
Además, la gremial cuestiona la base legal del cobro, ya que, según Uleri, la normativa vigente no autoriza establecer tasas por estos certificados.
“Pedimos que se nos explique la base legal para fijar este costo por decreto, porque la normativa vinculada a OSE no prevé cobrar por este certificado. Esto nos genera una duda jurídica importante”, expresó.
De no obtener respuesta, la AEU evalúa iniciar un recurso contra el decreto, “hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta del organismo”, confirmó.
La vicepresidenta de la AEU también cuestionó el fundamento técnico del cobro.
“El documento lo que hace es confirmar una información que ya está en poder del organismo. No es un servicio nuevo ni genera una contraprestación que justifique trasladar un costo a las familias. En los hechos, el Estado le cobra a la persona para acceder a un dato que el Estado ya conoce”, enfatizó.
Uleri comparó la situación con la de otros entes públicos, donde no se cobra por este tipo de certificaciones.
“En UTE o en ANTEL no sucede. Basta con presentar la factura al día”, explicó.
Desde la Asociación remarcan que la medida incide en cada operación inmobiliaria del país y afecta la posibilidad de acceder a una vivienda, especialmente en sectores con planes de acceso social o programas exonerados.
“Nos preocupa el efecto sobre las familias más vulnerables. En este caso no está previsto ningún tipo de exoneración, por lo que todas las personas deberán pagar este nuevo costo”, indicó.
Finalmente, Uleri agradeció la oportunidad de difundir la situación y llamó a que se revise la medida.
“Queremos que la población conozca el impacto real de esta decisión. Ya es difícil acceder a una vivienda en nuestro país, y seguir agregando costos es realmente lamentable”, concluyó la vicepresidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay (AEU), Mariana Ulery.
