Más de un centenar de profesionales del “ámbito de las ciencias económicas” vinculados a la coalición de izquierdas crearon un espacio que dieron en llamar “Frenteamplistas por el No” y anunciaron que harán campaña contra el plebiscito de la seguridad social.
El colectivo elaboró un documento en el que sostienen que en caso de aprobarse la reforma constitucional “provocaría consecuencias injustas y regresivas, y generaría enormes riesgos para la economía uruguaya”.
Entre los adherentes figuran, entre otros, nombres que tuvieron destacadísima actuación en las tres administraciones frenteamplistas como Mario Bergara, Fernando Lorenzo, Álvaro García, Pablo Ferreri, Laura Tabárez, Martín Vallcorba, y quien se ha mencionado como posible ministro de Economía en un eventual gobierno de Yamandú Orsi, el Economista Gabriel Oddone,
En el documento que se ha hecho público, se sostiene que, si bien la reforma jubilatoria que aprobó la coalición de gobierno “avanzó en algunos aspectos”, no consiguió terminar con los “principales problemas existentes” del sistema previsional y además “generó problemas nuevos”; de todos modos, se sostiene que el plebiscito “no es la solución”.
Se afirma que “la promesa del plebiscito de jubilarse a los 60 años no se cumple para la mayoría de quienes trabajan”, que a esa edad no consiguen reunir el mínimo de 30 años de aportes que exige la ley para jubilarse, un “problema que afecta a la mitad de los que hoy trabajan, sobre todo los de menores ingresos y peores condiciones laborales, especialmente las mujeres”. El PIT-CNT propone bajar la edad jubilatoria de 65 a 60 años.
Sostiene también que el plebiscito “no logra cumplir con la promesa de mejorar a futuro las pasividades mínimas”. La propuesta a plebiscitarse establece que ninguna jubilación ni pensión podrá ser menor al valor del salario mínimo nacional. Al día de hoy, esto supondría un incremento de 18.840 a 22.268 pesos uruguayos por mes, cuyo costo total el PIT-CNT estimó en 460 millones de dólares al año.
Agrega que el salario mínimo nacional es “una variable cuyo valor es fijado discrecionalmente por el gobierno de turno”, por lo que “no implica ninguna garantía de que las pasividades mínimas aumenten su poder de compra, ni siquiera que lo mantengan, tal como pasó hasta el año 2004, cuando se castigaba al salario mínimo nacional para frenar el gasto en jubilaciones y pensiones”, lo que supone “un riesgo cierto de que algún gobierno futuro limite el aumento del salario mínimo nacional, perjudicando a las y los trabajadores de menores ingresos”.
Advierten sobre el efecto que tendría la eliminación del régimen de las AFAPs, ya que conlleva el traspaso de 23.000 millones de dólares al Banco de Previsión Social (BPS), organismo que “quedará obligado a pagar pasividades mayores que las que se hubieran pagado por el sistema actual”.
“El BPS recibirá menos dinero del monto al que quedará obligado con los futuros jubilados, por lo que aumentará aún más su déficit previsional actual”. Este monto “se agotará en menos de 15 años”, y desde entonces “cada año se necesitarán más aportes del Estado” para cubrir el déficit del sistema previsional.
“La promesa de mayores pasividades” por parte del BPS “no debe alimentar la falsa ilusión de que existe un impuesto, que siempre pagan otros y que soluciona el enorme costo adicional”. Este costo adicional equivaldría a duplicar el impuesto a las ganancias de “todas las empresas”, aumentar cuatro veces los aportes patronales o “aumentar el IVA de 22% a 35%”.
“Aun asumiendo que el altísimo costo que el plebiscito genera pudiera ser financiado, implicaría renunciar a destinar mayores recursos a atender otras necesidades prioritarias que tiene la sociedad, como la pobreza infantil, la seguridad, la educación y el sistema de cuidados, incluyendo la atención a las necesidades crecientes de una población envejecida”, agrega el documento.
Nuestros lectores pueden acceder al documento y el análisis elaborado a través de la página creada por el grupo https://www.frenteamplistasporelno.uy/
