Se aprobaron en la Cámara de Diputados las modificaciones que se le hicieron en el Senado al proyecto de ley sobre Voluntad Anticipada, que había sido aprobado inicialmente en abril, se modificó en mayo, y ya cuenta con fondos que surgen de la Rendición de Cuentas presentada por el Poder Ejecutivo.
Una de las impulsoras del proyecto, la diputada del Partido Colorado por el departamento de Colonia, la Licenciada Nibia Reisch, en declaraciones a Informativo Uruguay dijo que es “un proyecto por el que venimos luchando desde hace 7 años junto a familiares de personas que tienen adicciones”.
Reisch indicó que la ley, una vez aprobada, irá acompañada de recursos que el propio presidente Luis Lacalle Pou comprometió para destinar a áreas de salud mental y adicciones.
“No es una solución para esta problemática, pero es una herramienta que venían reclamando las propias familias. Queda mucho por hacer en este tema. Son miles de familias que no tienen herramientas para sacar a un ser querido de una situación que los denigra día a día”, dijo la diputada colorada.
A partir de su vigencia, toda persona que sufra de una adicción, “tendrá derecho a expresar anticipadamente su voluntad, en forma consciente y libre”, de ser sometido al tratamiento adecuado e indicado para su desintoxicación.
¿Qué es la voluntad anticipada?
La voluntad anticipada es el conjunto de preferencias que una persona tiene respecto al cuidado futuro de su salud, de su cuerpo y de su vida, las que decide cuando está en pleno uso de sus facultades mentales, anticipándose a la posibilidad de que en algún momento futuro se encuentre incapacitada para expresar esas preferencias y tomar decisiones por sí misma. Se relaciona con el bien morir y la dignidad a cualquier edad. Es necesario tener herramientas que garanticen a las personas el ejercicio de sus derechos independientemente de la edad.
Puede ser entendida como la decisión anticipada y meditada, libre de coacción o dolor, que toma una persona siendo mayor de edad y con lucidez, respecto a ser, o no, sometida a tratamientos, medios o procedimientos médicos invasivos que pretendan prolongar su vida cuando se encuentre en etapa terminal, con el objetivo de proteger en todo momento la dignidad de la persona. Por lo tanto, la persona decide cómo quiere que se resuelvan situaciones complejas de salud en el final de su vida; se establece cómo se quiere ser asistido y cuidado.
Por ejemplo, si en determinadas condiciones no se quiere ser trasladado a hospitales o a unidades de cuidados intensivos, o si la persona no quiere que se le realicen maniobras agresivas, intervenciones que no contribuyan a la recuperación o supongan un encarnizamiento terapéutico innecesario.
